Van para cinco años de crisis interminable. Cinco años en los que las políticas de austeridad han llevado un incremento del paro y la exclusión social. Al mismo tiempo, los servicios públicos y sociales están sufriendo una ofensiva sin precedentes y el estado de bienestar se está poniendo en entredicho.
Resulta radicalmente injusto que el desastre iniciado por ciertos sectores bancarios y dirigentes movidos por una codicia desbocada, tenga que ser reparado por la mayoría. Estamos sufriendo recortes salariales generalizados y un adelgazamiento de los recursos públicos, especialmente de los dedicados a las políticas sociales, como son, las pensiones, sanidad, educación, desempleo y asistencia social.
Se sigue haciendo caso omiso de opiniones económicas, solventes y prestigiosas, que reclaman la urgente introducción de políticas de estímulo económico y de reactivación del empleo. Ya es hora de que la política en su más noble acepción, al servicio del interés general, se imponga frente a los mercados financieros.
La indudable necesidad de optimizar el gasto público se está traduciendo en: una política de recortes en el número de empleados públicos, precarización de sus condiciones laborales, retributivas y sociales y una campaña de descrédito de su labor. Ante ello y en defensa del sector público, las organizaciones firmantes queremos exponer:
- 1) Los empleados públicos garantizan la realización práctica de los servicios que las instituciones del Estado prestan a los ciudadanos. Denigrar al empleado público desacredita servicios esenciales para la sociedad, tales como, educación, sanidad, seguridad, atención social y justicia, entre otros.
- 2) Los empleados públicos acceden a su puesto de trabajo por medio de un proceso de selección bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, aprobados en la Constitución.
- 3) Los servicios públicos garantizan la igualdad entre los ciudadanos, llevando servicios esenciales a lugares donde nunca acudiría una empresa privada por razones de rentabilidad económica.
- 4) La estabilidad en el empleo público, cuestionada por la reforma laboral, garantiza la independencia del empleado público ante las presiones de la coyuntura política y asegura la calidad y permanencia de las prestaciones.
Existen soluciones y vías alternativas para controlar el déficit público sin recurrir a estas amputaciones del servicio y la función pública. Entendemos la necesidad de realizar ajustes económicos y la obligación solidaria de contribuir a sacar el país de la crisis, pero observamos que el recorte general no alcanza a otros gastos mucho menos justificados. En este sentido proponemos:
- 1) Afrontar con decisión y medios materiales y humanos suficientes, las bolsas de fraude fiscal y la economía sumergida, así como la mejora sustancial del control del gasto público que evite ineficiencias y corrupciones.
- 2) Medidas encaminadas a modificar la injusta desproporción entre la tributación efectiva de las grandes empresas y las que gravan a microempresas y pymes.
- 3) Emprender gestiones políticas y diplomáticas para que la Unión Europea implante un impuesto sobre las transacciones financieras.
- 4) Creación de un impuesto sobre la riqueza que aumente la contribución fiscal de las grandes fortunas.
- 5) Exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro y modificaciones en la legislación de las SICAV que eviten su uso como mecanismo de evasión fiscal.
Estimamos que estas medidas podrían aportar un incremento fiscal cercano a los 60.000 millones de euros, cantidad que permitiría seguir manteniendo los servicios sociales en niveles aceptables.
Instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con influencia mediática, a que centren sus críticas en las auténticas causas que han llevado a la situación en que se encuentra el país. Sobran declaraciones irreflexivas e infundadas sobre el estado de bienestar y los servicios públicos, que desvían la atención de posibles soluciones más acordes con el interés de la sociedad.
Las organizaciones firmantes de este Manifiesto, exigimos a todos los responsables políticos, una implicación activa en defensa de los servicios y los empleados públicos; en suma, del Estado de Bienestar.
